La tercera opción

Democracia

La vida universitaria a no es fácil. El estudiante promedio sufre demasiado día a día, ya sea peleando en el transporte, con los profesores, otros alumnos y la tecnología. Pocas son las oportunidades que se le presentan para aligerar los semestres. Es un crimen si las deja pasar, pero es suicidio académico ponerlas en contra de si mismo apelando a una endeble y exacerbada autoconcepción como buen estudiante, fácilmente atribuible a una racha de buena fortuna. El que un profesor ponga la forma de evaluar completamente en manos de los alumnos es un obsequio único de la divinidad en turno, y cuando el pasado 10 de agosto de 2015 fui testigo de cómo el grupo 1504 de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón fracasó en reconocer el potencial de esta situación, no hice mas que retirarme con una amalgama de frustración y decepción.

Por mucho tiempo estuve planeando la manera más clara de comunicar lo que a mi parecer sería la distribución óptima del porcentaje evaluativo para la clase de Géneros de Opinión a cargo del profesor Gustavo Castillo García, Premio Nacional de Periodismo. Pensaba justificar el porqué pienso es insensato otorgarle un alto porcentaje a los exámenes de un profesor del que no se conoce el estilo, el porqué tampoco es aconsejable otorgarle demasiado peso a la evaluación continua que por su naturaleza constructiva está sujeta malas calificaciones imprevistas, el porqué de todos los rubros, la asistencia es el más volátil de todos los rubros en especial considerando que, tras un par de faltas, se puede perder en su totalidad, y el porqué las exposiciones son una excelente opción para preparar una intervención digna, demostrar el conocimiento fácilmente y con suficiente tiempo de preparación. Sin embargo durante este proceso, en uno de esos momentos caracterizados por una mirada perdida en el horizonte, pensar en el interés que mostró el profesor ante nuestro proceso democrático desembocó en un mar de ideas a las que de otro modo jamás hubiera llegado.

En primer lugar me salta a la vista el nivel de arraigamiento del uso de la democracia como máximo solucionador de conflictos en la que nos han entrenado desde antes que conociéramos la palabra. Se nos enfrenta ante la toma de decisiones y cual perros pavolvianos babeantes tras el sonido de una campana recurrimos sin pensarlo a jugar a la democracia por los supuestos beneficios, porque todos entendemos las reglas del juego y porque siendo honestos, no conocemos otro. ¿Existe otra alternativa? Ahora lamento, abusando del espacio de experimentación y neutralidad de la UNAM, no habernos tomado el tiempo de imaginar una nueva forma de organización y de toma de decisiones mas amable con la diversidad en el estilo de aprendizaje del grupo en lugar de dejarnos guiar por nuestro egoísmo sustentado en un mecanismo de presión social y de dominaciones caracterizado por invalidar a las minorías y repercutir en su desarrollo. De este modo invito a cualquiera que pase su atención por estas líneas a tres cosas: a meditar si la manera en la que solucionamos los conflictos no está demasiado influenciada por nuestros propios prejuicios e intereses personales, a concientizar nuestros propios actos arbitrarios, por más pequeños e insignificantes que parezcan, cuando seamos prontos para juzgar las acciones ajenas, en especial las de nuestros dirigentes, y a fomentar la implementación de alternativas que procuren atender a las necesidades diversas producto de un proceso creativo movilizado por la sinergia.

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EL CONGRESO CONSTITUYENTE Y LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Congreso en Querétaro

Congreso Constituyente de Querétaro

Dice Werner que la Constitución de 1917 es un documento en el que el programa de la revolución adquiere perfiles nítidos. Aunque villistas y zapatistas fueron excluidos del Congreso Constituyente influyeron indirectamente en el desarrollo de este. En las discusiones en Querétaro se mostró que los diputados más que una unidad política formaban rivalidad ente carrancistas y obregonistas.

Carranza se rodeaba de secretarios de estado, abogados e ingenieros conservadores, que ocupaban puestos de confianza otorgados por el presidente. Ellos buscaban un cambio del personal del Estado, ejército y la administración. Sin embargo tuvieron que ceder su autoridad a los jefes del ejército que ejercían el verdadero poder. Incluso Carranza se vio obligado a nombrar a obregón como Secretario de Guerra. Su rivalidad era una competencia entre las elites militar y civil. Carranza y sus seguidores apelaban a instrumentos políticos tradicionales y pocas reformas; caso contrario a Obregón y los sonorenses.

La política conservadora de Carranza se muestra en su proyecto de constitución que solo hacia ligeras modificaciones. En su discurso establece derechos individuales ya establecidos en la Constitución liberal de 1857, cuestiones de jurisdicción civil y penal y una posición fuerte del ejecutivo. El proyecto restrictivo del artículo 27 sobre los bienes raíces, el derecho al agua y las riquezas del subsuelo se mantenía casi igual. La mayoría de los delegados no estaba dispuesta a ratificar el proyecto conservador de Carranza.

Solo los partidarios d del constitucionalismo eran elegibles al Congreso Constituyente pero este representaba de manera fiel a la sociedad mexicana. Así se formaron dos alas. Los jacobinos eran la mayoría y cercanos a Obregón. Los liberales eran íntimos de Carranza. Su principal motivo de controversia eran las funciones del estado y  las atribuciones del gobierno central. Los jacobinos aspiraban a un estado fuerte, como una institución socioeconómica, mientras los liberales querían un régimen presidencial fuerte y un Estado con poderes limitados. En el artículo 3 en relación al estado e iglesia ambos se mostraban anticlericales pero Carranza prescribía el laicismo solo a las escuelas públicas y Obregón a toda la educación primaria. El articulo 130 sobre la separación del Estado y la Iglesia fue radicalizado por los jacobinos.

El  artículo 123 dispuso un nuevo título. Trataba del trabajo y la previsión social y refería a los oficios, la industria y comunidad agrícola. Su objetivo era el de satisfacer las necesidades de la clase trabajadora fijando sus derechos. Se estableció la jornada de ocho horas, un dio de descanso, salario mínimo, repartición de utilidades, reducción del trabajo nocturno, protección a madres y mujeres, prohibición a la ocupación de niños, indemnizaciones, viviendas baratas, escuelas, enfermerías, servicios libertad de coalición, derecho a huelgas y paros, deudas caducas e inheredables y prohibía la paga en especie. A pesar de esto no se pudo resolver la problemática de la sociedad agraria.

El artículo 27 tiene dos pates. Por un lado habla del reordenamiento legal de la tenencia de las tierras y la creación de la pequeña propiedad mediante el fraccionamiento de las haciendas y por el otro de como el derecho a explotar el subsuelo puede ser concedido a particulares por el Estado. Queda fijado que toda tierra y agua dentro de los límites del país correspondía a la nación y esta tiene derecho a cederla a particulares creando así la propiedad privada. También restringía la posesión de tierra a extranjeros, la Iglesia y sociedades anónimas. Tenía la intención de revivir a los pueblos como centros independientes de producción agrícola. Trataban de mejorar la situación mediante el aumento del salario, medidas de previsión social y repartición de latifundios. Se dice que se habían realizado los objetivos de la revolución pues los peones antes esclavizados se convertían en ciudadanos libres aunque durante muchos años fue más teoría que práctica. En cuanto a la riqueza del subsuelo, Carranza impuso mayores cargas fiscales a empresas petroleras y revisión a su estado legal que los hacia nos solo concesionarios sino dueños.

Los nuevos artículos de la Constitución se basaban en  la intervención del Estado en el área de trabajo y la función social de la propiedad lo que fue visto como socialista y hasta Bolchevique. Es más, la intervención Estatal del artículo 123 se proponía eliminar la lucha de clases. La abolición jurídica e la institución semifeudal del peonaje representaba un paso hacia la modernización social del campo. El proyecto sujetaba a extranjero en cuanto a la adquisición de bienes raíces en México. Aun así fue letra muerta en cuanto a reforma social al menos entre 1917 y 1920. Su influencia fue ambigua, aunque sin efectos en la realidad política, sirvió de respaldo a las fuerzas que siguieron pugnando por las reformas sociales.

Werner Tobler, Hans. (1994). La revolucion Mexicana: Transformación social y cambio político 1876-1940. Alianza Editorial. México. pp. 347-371.